La jornada política y social del jueves 19 de febrero de 2026 estuvo marcada por una protesta sindical masiva —incluyendo un paro general convocado por la CGT y otros gremios— que coincidió con una **nueva sesión de la Cámara de Diputados destinada a debatir y buscar aprobación al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
La movilización sindical y el paro de actividades tuvieron un amplio respaldo en sectores clave de la economía, incluidos trabajadores del transporte, bancarios, estatales y sindicatos tradicionales, que denunciaron que la reforma significaría **un retroceso en derechos laborales, una mayor precarización y un debilitamiento de las condiciones de negociación colectiva.
Diversos cortes de tránsito, asambleas y concentraciones en plazas y accesos a grandes ciudades se llevaron a cabo, generando un impacto relevante en la circulación y en la atención de servicios públicos y privados. Las organizaciones sindicales resaltaron que la protesta no solo responde a artículos específicos del proyecto sino también a **una demanda por políticas sociales más amplias y una defensa del empleo formal frente a lo que consideran un repliegue de las garantías laborales.
Al mismo tiempo, en el recinto de la Cámara de Diputados se realizó una sesión especial para tratar el articulado enviado por el Senado, tras haber obtenido media sanción. La discusión en el cuerpo legislativo fue tensa, con intervenciones acaloradas de diputados opositores y sectores críticos al proyecto, que denunciaron la falta de consenso social y la premura del tratamiento.
Entre los aspectos de la reforma en debate se encontraban las modificaciones en las cargas sociales, la flexibilización de modalidades de contratación, ajustes en licencias por enfermedad y la introducción de regímenes especiales para nuevos empleos, puntos que concentraron la resistencia de organizaciones gremiales y de sectores de la oposición que advirtieron sobre un potencial impacto regresivo en la protección de los trabajadores.
Durante la sesión, diputados oficialistas defendieron el proyecto señalando que busca dinamizar la creación de empleo formal, reducir la informalidad y atraer inversiones, mientras que los bloques opositores llamaron a rechazar los cambios o a introducir modificaciones sustanciales antes de una aprobación definitiva.
Fuera del Congreso, sindicatos y organizaciones sociales difundieron comunicados de adhesión al paro y llamaron a continuar con medidas de visibilización y movilización social si la reforma no se revisa en profundidad y si persisten artículos que —en su visión— atentan contra derechos laborales consagrados en convenios colectivos y normas vigentes.
La jornada simbolizó una crisis de interlocución entre el Gobierno y los principales actores sindicales, con la protesta masiva como expresión de un sector importante de trabajadores que reclaman participación más activa en la definición de políticas públicas que afectan directamente sus condiciones de empleo.
En síntesis, el paro general y la sesión en Diputados sobre la reforma laboral pusieron en evidencia no solo una disputa legislativa importante sino también una fuerte disputa política y social alrededor de la dirección de la política laboral y de empleo, con impacto en la dinámica de relaciones entre el Estado, los trabajadores y los sectores productivos.
