Nuevo salvataje a intendentes: Diputados enviaría al archivo pedidos de intervención contra siete gobiernos comunales

Tras casi un año “cajoneando” denuncias por irregularidades en varias municipalidades, la Cámara de Diputados de Paraguay se prepara para aprobar hoy una maniobra que, según denuncian críticos, implicaría un nuevo “salvataje” de intendentes cuestionados. Entre ellos figuran Hernán Ysidro Rivas (de Tomás Romero Pereira) y Tomás Olmedo (de Ñemby), entre otros seis jefes comunales.

Qué implica el salvataje

• Se trata de siete pedidos de intervención municipal por denuncias de mal desempeño y supuestas irregularidades administrativas que, pese a haber sido presentados, habían quedado paralizados (“cajoneados”) durante meses.

• La estrategia consiste en “descongelar” esos pedidos —volver a incluirlos en la agenda— y luego llevarlos al archivo, sin avanzar con las comisiones necesarias para dictaminar. De ese modo, los intendentes evitarían sanciones o destituciones.

• Entre los beneficiados, hay intendentes con denuncias graves: además de Rivas y Olmedo, la lista incluye a autoridades de municipios como Ybyrarobaná, Emboscada, Yby Yaú, Juan León Mallorquín y Lima (San Pedro), cada uno con acusaciones de irregularidades diferentes.

Justificación de los legisladores — y críticas

• Legisladores afines admiten que la decisión responde en parte a retrasos del sistema judicial: sostienen que estos casos “permanecen en tribunales” sin resolución, lo que —argumentan— complica que el Congreso intervenga. Según el diputado Hugo Meza, “la justicia es la institución más aplazada”.

• No obstante, reconoció que la decisión tiene un claro componente político: “la decisión es de la mayoría”, admitió.

• La maniobra generó fuertes críticas: para opositores y sectores ciudadanos, se trata de un acuerdo de impunidad que “blinda” a funcionarios denunciados, debilitando la transparencia, la rendición de cuentas y el control institucional.

Qué riesgos y qué señales envía

• La decisión pone en jaque la capacidad del Estado de sancionar a autoridades comunales acusadas de irregularidades, lo que puede debilitar la confianza en la institucionalidad y fomentar la impunidad.

• Reafirma la percepción de clientelismo y protección política, especialmente cuando entre los intendentes salvados hay figuras vinculadas a partidos mayoritarios.

• Abre un precedente: si la práctica se consolida, pedidos de intervención podrían sistemáticamente postergarse o archivarse, neutralizando un mecanismo clave de control político local.