Milei promulga un decreto que habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones sin orden judicial
El presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró el año 2026 con un decreto que modifica profundamente el sistema de inteligencia del país, otorgando a los agentes poderes operativos hasta ahora prohibidos por la legislación vigente. La medida, publicada como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, faculta a los agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a detener y arrestar personas incluso sin orden judicial, bajo criterios que incluyen la comisión de delitos en flagrancia o en el marco de actividades de inteligencia.
Según el texto oficial, la reforma busca “acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”. Bajo esta lógica, el decreto reafirma que todas las actividades dentro del ámbito de inteligencia tendrán carácter encubierto y reorganiza la estructura del sistema, incluyendo la creación de nuevas áreas especializadas en contrainteligencia y ciberinteligencia.
La normativa también establece que los altos funcionarios de todos los organismos estatales deberán aplicar medidas de contrainteligencia, y prevé mayor colaboración entre la SIDE, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad. Esta reorganización incluye la eliminación de la antigua dirección de inteligencia militar dependiente del Ministerio de Defensa, transfiriendo sus funciones y recursos a una nueva unidad dentro de las fuerzas armadas.
La medida ha generado un fuerte debate político e institucional. El Gobierno sostiene que la reforma respeta los estándares democráticos y responde a una necesidad de modernizar las capacidades del Estado frente a amenazas contemporáneas. Sin embargo, expertos en derecho, constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han denunciado que la decisión representa un retroceso para las libertades individuales y abre la puerta a la creación de una “policía secreta” sin supervisión judicial.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que preparará presentaciones judiciales contra el decreto por considerarlo inconstitucional y peligroso, mientras legisladores de distintos espacios políticos reclamaron que la reforma sea debatida y aprobada por el Congreso, en lugar de implementarse por decreto.
El impacto político de la medida ya se refleja en pedidos de constitución de comisiones legislativas para evaluar el decreto y en pronunciamientos de rechazo desde organizaciones sindicales y partidos de oposición, que advierten sobre riesgos para el Estado de derecho y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En síntesis, la decisión del presidente Milei de habilitar a los agentes de inteligencia para realizar detenciones sin orden judicial anticipa un debate profundo sobre el alcance de los poderes del Estado, la división de poderes y las garantías constitucionales en Argentina en el comienzo de 2026.
