La eliminación del programa nacional “Volver al Trabajo” comenzará a impactar de forma directa en la provincia de La Rioja, donde más de 11.000 beneficiarios dejarán de percibir el ingreso mensual que otorgaba el Estado. La medida forma parte de una reestructuración más amplia de la política social impulsada por el Gobierno nacional, que busca reemplazar los esquemas de asistencia directa por mecanismos orientados a la capacitación y la inserción laboral.
El programa, que había surgido como una continuidad del antiguo Potenciar Trabajo, otorgaba una asignación mensual de aproximadamente 78.000 pesos a trabajadores informales o personas en situación de vulnerabilidad económica. Con la nueva decisión oficial, este sistema dejará de existir a partir de abril de 2026, momento en el que los beneficiarios recibirán el último pago antes de pasar al nuevo esquema basado en formación profesional.
En el caso específico de La Rioja, el cambio impactará en un universo estimado de entre 11.000 y 14.000 personas que formaban parte del programa. Estas cifras reflejan la magnitud social de la medida, considerando que miles de familias utilizaban ese ingreso como complemento para cubrir gastos básicos de alimentación, servicios y transporte.
El nuevo sistema funcionará a través de vouchers o cupones de capacitación laboral que permitirán a los beneficiarios acceder a cursos y programas de formación en distintos oficios. A diferencia del esquema anterior, el Estado ya no entregará una transferencia monetaria mensual, sino que financiará directamente las instancias educativas orientadas a mejorar las habilidades laborales de los participantes.
Según la lógica planteada por el Gobierno nacional, el objetivo es transformar los programas sociales en herramientas de inserción en el mercado de trabajo formal. En este nuevo modelo, la continuidad del beneficio dependerá de la participación efectiva en cursos de capacitación, prácticas profesionales o programas de certificación laboral.
Las capacitaciones previstas incluyen formación técnica, aprendizaje de oficios y programas de entrenamiento laboral vinculados a sectores productivos que demandan mano de obra. De acuerdo con las autoridades nacionales, la articulación con empresas y centros de formación permitirá orientar los cursos hacia actividades con mayor potencial de empleo.
Sin embargo, la medida generó preocupación entre organizaciones sociales y referentes provinciales, quienes advierten que la eliminación del ingreso mensual podría provocar un fuerte impacto económico en sectores vulnerables. Diversos actores sostienen que muchas familias dependían de ese dinero para sostener su economía cotidiana, por lo que la transición hacia el nuevo sistema podría dejar un vacío de ingresos durante el proceso de capacitación.
Otro de los cuestionamientos apunta a la forma en que se comunicó la medida a los beneficiarios. En muchos casos, las notificaciones llegaron a través de correos electrónicos o de la aplicación oficial del Estado, lo que generó incertidumbre entre los titulares del programa acerca de los pasos a seguir para acceder a las nuevas instancias de formación.
En el plano nacional, el cierre del programa afecta a aproximadamente 900.000 beneficiarios en todo el país. Con esta decisión, el Gobierno busca reorientar la política social hacia un modelo centrado en la capacitación y la empleabilidad, en línea con su estrategia de reducción del gasto público y transformación de los programas de asistencia.
La implementación del nuevo sistema de vouchers comenzará de forma progresiva durante los próximos meses. Mientras tanto, el debate sobre el impacto social de la medida continúa abierto, especialmente en provincias con altos niveles de beneficiarios, donde el fin del plan representa un cambio significativo en la estructura de ingresos de miles de hogares.
