La oposición impulsa en Diputados un proyecto para aliviar el endeudamiento de las familias por tarjetas de crédito
Un grupo de diputados que integran una coalición opositora presentó en la Cámara baja un proyecto de ley destinado a desendeudar a millones de familias argentinas que actualmente enfrentan dificultades para afrontar obligaciones asumidas con tarjetas de crédito y otros sistemas de financiamiento no bancarios. La iniciativa surge en un contexto de creciente morosidad y endeudamiento, impulsado por la caída del poder adquisitivo y las elevadas tasas de interés vigentes en el mercado.
El proyecto propone la creación de una línea de crédito directa a través de la ANSES, orientada a jubilados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de programas sociales. El objetivo central es que estos sectores puedan cancelar deudas acumuladas con tarjetas de crédito y con prestadores de crédito no financieros, accediendo a condiciones más favorables que las actualmente disponibles.
Según el texto presentado, el monto máximo del crédito sería de hasta 1.500.000 pesos por beneficiario. La tasa de interés se fijaría de acuerdo a parámetros de mercado, tomando como referencia la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un margen adicional, con el fin de ofrecer un esquema de financiamiento más previsible y sostenible para los hogares endeudados.
Los impulsores de la iniciativa estiman que la medida podría alcanzar a unas 15 millones de personas, lo que la convertiría en una de las propuestas de mayor impacto social en materia de alivio financiero. En ese sentido, remarcan que el sobreendeudamiento de las familias se ha convertido en un problema estructural, especialmente por el uso extendido de las tarjetas de crédito como herramienta para cubrir gastos básicos.
Desde la oposición sostienen que el proyecto busca evitar que los hogares sigan recurriendo a mecanismos de financiamiento cada vez más costosos, que profundizan la exclusión financiera y agravan la situación económica de los sectores más vulnerables. Además, plantean que la intervención del Estado en este esquema permitiría ordenar pasivos familiares y reducir los niveles de morosidad.
La iniciativa deberá ser analizada en comisión y debatida en el recinto, en un escenario legislativo atravesado por fuertes diferencias políticas y por la discusión sobre el rol del Estado en la regulación del crédito y la protección de los consumidores.
