El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 10 de febrero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero de 2026, marcando el primer dato oficial de inflación del año en un contexto de alta tensión política e institucional. La divulgación del dato se produce tras una serie de decisiones internas que generaron controversia sobre la metodología empleada para medir la inflación en el país.
La cifra que se espera, tanto desde estimaciones oficiales como de mediciones privadas, ronda alrededor del 2,4% y 2,6% mensual, aunque algunas consultoras anticipan valores ligeramente superiores. Estas proyecciones ubican la inflación de enero en torno al 2,5% mensual, un nivel similar al registrado en diciembre de 2025.
El dato oficial llega tras la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC y la designación de Pedro Lines como nuevo titular del organismo, un movimiento que se dio en el marco de diferencias con el Gobierno sobre la actualización de la fórmula utilizada para calcular el IPC. El Gobierno decidió postergar la aplicación de un nuevo índice, que había sido trabajado con base en encuestas más recientes de hogares, y mantuvo la antigua metodología vigente, lo que suscitó cuestionamientos públicos sobre la credibilidad del proceso estadístico.
El principal punto de debate gira en torno a la metodología de cálculo del IPC. El nuevo método, que estaba previsto para aplicarse a partir de enero, se basaba en una canasta de consumo actualizada de acuerdo con relevamientos más recientes (ENGHo 2017-2018), mientras que el sistema vigente utiliza patrones de gasto basados en una encuesta antigua, de 2004/05. La decisión de mantener la vieja fórmula fue interpretada por críticos como una maniobra que podría sesgar el registro de precios y reflejar una inflación menor a la real.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha defendido la postergación del nuevo método argumentando que la continuidad de la metodología anterior es necesaria hasta consolidar el proceso de desinflación, y desmintió versiones que sugerían que la nueva fórmula arrojaría cifras superiores al 3% en enero. Caputo sostuvo que la diferencia entre ambos métodos sería mínima, y que la cifra final con la nueva metodología “hubiera sido incluso ligeramente menor” a la esperada con el sistema vigente.
La polémica sobre la fórmula y el cambio de conducción en el INDEC ha resonado tanto en el ámbito económico como político e institucional, reavivando recuerdos de anteriores controversias por la medición de la inflación en Argentina. Analistas y sectores de la oposición alertan que la suspensión del nuevo índice pone en duda la transparencia y autonomía del organismo estadístico, mientras que desde el Ejecutivo se defiende la medida como parte de una estrategia de políticas macroeconómicas más amplias.
A la espera de la publicación oficial, datos preliminares de otras jurisdicciones sugieren un contexto de precios crecientes: por ejemplo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1% en enero, una cifra que supera las proyecciones a nivel nacional y que se dio a conocer días antes del informe central del INDEC.
En términos prácticos, la cifra que se divulgará este martes condicionará la discusión sobre la evolución de los precios en el arranque del año, influirá en las expectativas de mercado y será un elemento clave para la formulación de políticas públicas, especialmente en un escenario económico aún tensionado por la inflación y la necesidad de consolidar la recuperación.
La publicación del dato y la polémica metodológica generarán sin duda un debate intenso en ámbitos políticos, técnicos y mediáticos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y la independencia de los organismos técnicos frente a decisiones del poder político, en un momento en que el indicador de precios sigue siendo un barómetro esencial de la vida económica argentina.
