Importaciones al por mayor: la crisis del textil argentino y el auge de ropa usada y barata
El mercado textil argentino atraviesa una transformación que ya no puede describirse como una tendencia: es un quiebre estructural. El ingreso masivo de ropa usada y de prendas extremadamente baratas provenientes de Asia, especialmente de China, está reconfigurando toda la cadena de valor del sector. Lo que comenzó como un fenómeno marginal, casi imperceptible en los márgenes del comercio informal, se convirtió en cuestión de meses en un flujo de importaciones capaz de desplazar producción local, modificar hábitos de consumo y poner en crisis a uno de los sectores manufactureros con mayor capacidad histórica de generación de empleo.
Los datos recientes son elocuentes: en apenas ocho meses, las importaciones de ropa usada crecieron cuarenta veces respecto de todo el año anterior, un salto sin antecedentes y que sorprende incluso a quienes venían advirtiendo sobre la apertura indiscriminada del comercio. En paralelo, ingresaron toneladas de prendas nuevas de bajo costo, muchas de ellas producidas en el ecosistema global de fast-fashion, donde la velocidad y la eficiencia industrial permiten precios que ninguna pyme argentina puede igualar. Este torrente de mercadería —que combina sobrantes de stock, ropa de segunda mano, saldos industriales y lotes sin control sanitario— desemboca en mercados populares como La Salada, que se transforma así en un termómetro perfecto del impacto económico de la apertura comercial.
La situación adquiere dimensiones más profundas cuando se analizan los efectos sobre la industria nacional. En las provincias con mayor tradición textil, el mapa productivo muestra un deterioro acelerado: fábricas que reducen turnos, talleres familiares que no pueden sostener su actividad y establecimientos medianos que, tras décadas de continuidad, enfrentan el riesgo de cierre definitivo. Las cámaras empresarias estiman que la caída de actividad es tan abrupta que la capacidad instalada se utiliza hoy a un nivel mínimo: algunas plantas operan al 40%, otras al 20% y hay casos en los que la producción prácticamente se detuvo. Los empresarios describen un escenario de márgenes licuados, demanda deprimida y precios internacionales imposibles de acompañar. Muchos temen que el deterioro sea irreversible.
La problemática, sin embargo, excede al sector fabril. En La Salada —emblema del comercio informal y al mismo tiempo caja de resonancia del consumo popular— la irrupción masiva de ropa importada está produciendo tensiones inéditas. Tradicionalmente, el mercado se abastecía de producción local de baja escala: talleres ubicados en el conurbano, cooperativas, costureros independientes. Ese entramado, con sus desigualdades y precariedades, funcionaba como soporte para miles de familias que encontraban en la confección un ingreso estable. Pero la llegada de prendas chinas a precios ínfimos altera el equilibrio: los comerciantes que trabajan con producto nacional no pueden competir, y quienes dependen de la costura para sobrevivir ven desaparecer su mercado.
Los operadores comerciales hablan de un “nuevo ecosistema de competencia desleal”, donde los precios finales no reflejan el costo real de producción sino el resultado de cadenas globales de escala gigantesca, con condiciones laborales y ambientales que distan de las exigidas en cualquier industria local. A esto se suman prácticas que profundizan la asimetría: subfacturación de importaciones, rutas informales, triangulación comercial y el ingreso de lotes que no pasan por controles de calidad ni sanitarios. La proliferación de este tipo de mercadería no solo erosiona a la industria sino que plantea un problema de seguridad para consumidores que desconocen el origen de lo que compran.
El fenómeno también está vinculado con el deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores de la población. Con ingresos que pierden ante la inflación y precios que no dejan de subir, la demanda se desplaza hacia opciones más baratas sin importar su origen. La ropa usada, que históricamente representaba una práctica de nicho o una alternativa para sectores de bajos recursos, se volvió ahora una opción extendida e incluso legitimada por la publicidad que la presenta como “sustentable”. En ese contexto, los consumidores eligen precio por sobre cualquier otro criterio, habilitando indirectamente un circuito que termina perjudicando la producción nacional.
La discusión no se limita a la economía. En el terreno político, el auge de la importación textil se instaló como uno de los puntos sensibles de la agenda, tanto por sus efectos en el empleo como por la controversia sobre el rol del Estado en la regulación del comercio exterior. Las organizaciones que representan a pymes y trabajadores del sector presionan por medidas de protección mínima, argumentando que ningún país del mundo permite la entrada irrestricta de ropa usada porque implica riesgos sanitarios, ambientales y económicos. En cambio, sectores favorables a la apertura sostienen que la competencia internacional obliga a la industria local a mejorar productividad, aunque admiten que el impacto social a corto plazo puede ser fuerte.
La dimensión social del problema se vuelve más visible a medida que se multiplican las historias de talleres que cierran, costureras que pierden su fuente de ingreso, comerciantes que no saben si podrán sostener el alquiler de sus puestos, proveedores que dejan de recibir pedidos y diseñadores independientes cuya producción se vuelve inviable frente a precios que no alcanzan ni siquiera para cubrir la materia prima. En las ferias mayoristas del conurbano se repite la misma frase: “Nosotros no podemos competir con ropa que vale menos que el hilo”.
Los especialistas advierten que el riesgo es doble. Por un lado, la destrucción del entramado productivo actual podría dejar sin empleo a miles de trabajadores calificados, cuyo oficio lleva años de aprendizaje y difícilmente encuentre reemplazo. Por otro, la dependencia de la oferta importada puede generar un problema de soberanía industrial: el país podría perder capacidad de producción local para siempre, quedando sujeto a los vaivenes de precios y disponibilidad del mercado internacional.
La salida que plantean muchos actores del sector no necesariamente pasa por una vuelta al proteccionismo estricto, sino por mecanismos de regulación inteligente. Controles sanitarios efectivos, aranceles razonables, incentivos a la formalización productiva, financiamiento accesible para modernizar equipamiento, estímulos al consumo de producción nacional y políticas de sostenibilidad que diferencien la reutilización genuina del dumping internacional. El desafío consiste en construir un equilibrio donde convivan precios accesibles para los consumidores y un horizonte de supervivencia para la industria local.
La crisis textil que hoy se manifiesta en La Salada, en los talleres del conurbano o en las fábricas de las provincias no es un episodio aislado. Es parte de una reconfiguración más amplia del mercado de indumentaria en la que confluyen la globalización de la producción, la caída del ingreso real, la falta de políticas industriales sostenidas y una desregulación que favorece a quienes operan desde posiciones de poder económico. La pregunta que atraviesa a todos los actores es si todavía queda margen para revertir el proceso antes de que el país pierda de manera definitiva una de sus industrias más tradicionales.
