El intento del gobierno de Javier Milei de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) encontró un inesperado obstáculo dentro del propio entramado político que hasta ahora venía respaldando al oficialismo en el Congreso. Gobernadores considerados aliados de la Casa Rosada comenzaron a expresar su rechazo a la iniciativa, generando una señal de alerta para el oficialismo en un momento clave del debate institucional sobre el sistema electoral argentino.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo busca eliminar las PASO como parte de una agenda de reformas que el Gobierno considera estructurales para el funcionamiento político del país. Desde el entorno presidencial sostienen que el mecanismo de primarias genera un gasto innecesario para el Estado y que, además, no cumple el objetivo de ordenar la competencia interna de los partidos. Sin embargo, la iniciativa comenzó a encontrar resistencia incluso entre mandatarios provinciales que en otras votaciones habían acompañado proyectos del oficialismo.
El cuestionamiento de los gobernadores responde a una lógica política concreta. Para muchos de ellos, las PASO representan una herramienta institucional que permite ordenar las disputas internas dentro de los frentes opositores y evitar fragmentaciones electorales que puedan favorecer al oficialismo. En ese contexto, eliminar ese mecanismo podría alterar significativamente el equilibrio del sistema político, generando incertidumbre en las estrategias provinciales y nacionales de cara a futuras elecciones.
Dentro de las provincias, la discusión adquiere además una dimensión territorial. Los gobernadores suelen utilizar las primarias como un instrumento para resolver candidaturas sin que las disputas internas se transformen en rupturas irreversibles dentro de sus espacios políticos. Por ese motivo, varios mandatarios consideran que la eliminación de las PASO podría intensificar conflictos internos y fragmentar alianzas electorales que actualmente se sostienen gracias a ese mecanismo de competencia previa.
En el Congreso, la resistencia de los gobernadores se traduce en un obstáculo concreto para la estrategia legislativa del oficialismo. Muchos diputados y senadores responden políticamente a sus provincias, por lo que la postura de los mandatarios provinciales puede resultar determinante para el destino del proyecto. Sin ese respaldo territorial, el Gobierno podría enfrentar dificultades para reunir las mayorías necesarias que permitan avanzar con una reforma electoral de alto impacto institucional.
La discusión también revela las tensiones latentes entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. A lo largo del último año, el vínculo entre el Ejecutivo nacional y las provincias ha estado atravesado por conflictos vinculados al reparto de recursos, la coparticipación y la ejecución de obras públicas. En ese marco, el debate sobre las PASO aparece como un nuevo capítulo dentro de una relación política marcada por negociaciones permanentes y equilibrios frágiles.
Desde sectores de la oposición advierten además que modificar el sistema electoral sin un consenso amplio podría generar cuestionamientos institucionales. Para esos espacios, cualquier reforma de este tipo debería surgir de acuerdos multipartidarios que garanticen reglas de juego estables y previsibles para todas las fuerzas políticas. En ese sentido, consideran que avanzar de manera unilateral podría debilitar la legitimidad del sistema electoral.
Mientras tanto, en el oficialismo sostienen que la eliminación de las PASO continúa siendo un objetivo político dentro de la agenda de reformas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso. Sin embargo, el rechazo de gobernadores que hasta ahora habían acompañado varias iniciativas del Ejecutivo refleja los límites políticos que enfrenta la administración nacional para avanzar en cambios estructurales dentro del sistema institucional argentino.
