El municipio de La Rioja Capital presentó una iniciativa para instalar un sistema de fotomultas en semáforos y rutas de ingreso a la ciudad, con el objetivo declarado de ordenar el tránsito y reforzar la recaudación local en un contexto de ajuste fiscal y recortes de fondos nacionales. La decisión fue oficializada mediante un convenio con una empresa privada que se encargará de la instalación y operación del sistema tecnológico, que comenzaría a funcionar en marzo de 2026.
El secretario general del municipio, Gonzalo Bustos, explicó que la implementación abarcará en principio alrededor de 25 semáforos, con especial atención en intersecciones de alta siniestralidad como Cabo Primero Rodríguez y Rivadavia. Según el funcionario, el sistema responde tanto a una lógica de seguridad vial como a la necesidad de generar recursos propios frente a la disminución de transferencias desde la Nación.
La mecánica del convenio establece que el municipio percibirá un 60% del valor de las multas, mientras que la empresa adjudicataria retendrá el restante 40%. La notificación de las infracciones a los conductores se realizará por correo electrónico con enlace QR para el pago, en lo que se presenta oficialmente como un proceso ágil y moderno de gestión de infracciones.
Más allá de la narrativa oficial centrada en la reducción de la siniestralidad vial, la decisión se inscribe en un panorama más amplio en el que numerosos municipios argentinos han recurrido a tecnologías de control automático para complementar sus ingresos tributarios. En varias localidades, estos sistemas han generado millones de actas de infracción procesadas tecnológicamente, con montos que pueden alcanzar cifras significativas en la recaudación local.
Sin embargo, la implementación de fotomultas también ha estado marcada por debates jurídicos y políticos en otras jurisdicciones. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la justicia confirmó la validez del funcionamiento de radares y cámaras pese a cuestionamientos sobre procedimientos, lo que ratificó la continuidad de estas políticas recaudatorias y sancionatorias.
El enfoque municipal combina explícitamente objetivos de seguridad vial —evitar el cruce de semáforos en rojo y otras infracciones graves— con la necesidad de ampliar la base de recursos propios en un contexto de restricciones de gasto público. No obstante, ya existen antecedentes de críticas hacia estos sistemas, que en distintas provincias han sido señalados por sectores de la oposición y especialistas como herramientas con un fuerte sesgo recaudatorio más que preventivo.
Desde organizaciones empresariales y cámaras del sector privado, como el centro comercial de La Rioja, ya se han planteado objeciones respecto de la presión tributaria y de tasas que vienen soportando los contribuyentes, en paralelo con la introducción de nuevas formas de gravamen indirectas como las fotomultas. Estas tensiones reflejan un debate profundo sobre el rol del municipio en la regulación del tránsito y el equilibrio entre seguridad vial y carga impositiva.
El anuncio de La Rioja se inserta en un fenómeno nacional más amplio en el que diferentes jurisdicciones buscan ampliar su capacidad fiscal mediante tecnologías de control automático. La implementación local abrirá invariablemente un espacio de discusión sobre transparencia, eficacia y proporcionalidad de las sanciones, así como sobre el impacto real de estas medidas en la reducción de la siniestralidad y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En definitiva, la decisión municipal de incorporar fotomultas como nuevo eje de recaudación pone en primer plano el delicado equilibrio entre la necesidad de recursos para la administración pública, la gestión de políticas de seguridad vial y el debate institucional sobre el uso de tecnologías de control y sanción en el espacio urbano argentino.
