El Congreso argentino avanzó con la aprobación de la controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, pero la Cámara de Diputados lo hizo sin incorporar el artículo 44, una de las secciones más discutidas del texto. La iniciativa ahora deberá regresar a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva antes de convertirse en ley, en un contexto político altamente polarizado y con fuerte presión social.
La votación en la Cámara baja terminó con 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, en medio de un intenso debate que contrajo tensiones entre bloques políticos, sindicatos y sectores empresariales. El apoyo para habilitar la sesión provino no solo de los diputados del oficialismo y sus aliados tradicionales, sino también de legisladores provinciales que resultaron clave para garantizar el quórum necesario para iniciar el tratamiento.
La eliminación del artículo 44 fue uno de los hechos centrales de la jornada legislativa. Esa cláusula, que generó fuertes críticas incluso dentro de espacios aliados, estaba vinculada a la reducción de licencias pagas por enfermedad y accidentes no laborales, con porcentajes de remuneración que variaban según la situación del trabajador. Su exclusión respondió, según fuentes parlamentarias, a la presión política para ampliar consensos en torno al proyecto.
La reforma laboral —que llegó a Diputados con media sanción del Senado— introduce cambios estructurales en la regulación del empleo en Argentina. Entre las modificaciones que se mantuvieron se destacan la priorización de acuerdos colectivos por empresa o región por encima de los convenios sectoriales, la eliminación de la ultraactividad de los convenios vencidos, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral y la incorporación de mecanismos como el banco de horas que permiten flexibilizar la jornada laboral.
El proceso legislativo se desarrolló en un clima de fuerte confrontación política y social. Sectores sindicales y organizaciones de trabajadores criticaron el proyecto por considerarlo regresivo en materia de derechos laborales y expresaron su rechazo mediante protestas y movilizaciones previas a la sesión. En paralelo, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta necesaria para modernizar la legislación laboral y dinamizar el mercado de trabajo formal.
El rol de los gobernadores provinciales fue otro factor central del debate. Legisladores provinciales que responden a distintos mandatarios contribuyeron con sus votos para alcanzar el quórum, lo que ha generado cuestionamientos desde espacios opositores que acusaron a estos bloques de facilitar un proyecto que, en algunos casos, luego rechazaron en el propio recinto.
Desde el punto de vista institucional, la devolución del proyecto al Senado amplía la disputa interna en el Congreso sobre el rumbo de la legislación laboral argentino. El oficialismo busca que la Cámara alta acepte las modificaciones introducidas por Diputados y apruebe el texto antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente tiene prevista la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
La oposición, en tanto, mantiene su rechazo de fondo y advierte que, de convertirse en ley, la reforma podría ser objeto de cuestionamientos judiciales y agenda de impugnaciones, al considerar que ciertas disposiciones vulneran derechos consagrados en la normativa vigente. El debate continúa en las próximas semanas, con el Senado como escenario clave para determinar el destino final de la iniciativa.
