El Gobierno implementa un mecanismo de indexación para las tarifas de luz y gas de 2026 y redefine el esquema de subsidios energéticos
El Gobierno nacional **puso en marcha un nuevo esquema tarifario para los servicios de electricidad y gas natural que regirá a partir del 1° de enero de 2026, con la publicación de una serie de resoluciones de la Secretaría de Energía, que establecen un mecanismo de indexación de precios para los servicios básicos con el objetivo de evitar que las tarifas queden rezagadas respecto de la inflación y de los costos de producción.
Según las resoluciones publicadas, entre ellas la 605/2025, se fijaron nuevas pautas para los precios mayoristas, transporte y distribución del gas natural, que implicarán un ajuste automático en las facturas residenciales desde enero de 2026, con un impacto directo sobre los usuarios. En el caso del gas, la actualización en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se traducirá en un aumento inicial de alrededor del 0,53 % en las boletas de gas natural, aunque ese número representa solo una parte del ajuste total que deberán afrontar los hogares.
Para el sector eléctrico, la normativa incluyó la determinación de un nuevo precio spot en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la definición de precios de referencia para el periodo enero-abril de 2026, con el propósito declarado de mantener los valores de las tarifas en términos reales lo más constantes posible, es decir, ajustados a la evolución de los precios de la economía en general.
En paralelo, el esquema tarifario incorpora cambios profundos en el tratamiento de subsidios energéticos. Se eliminan las brechas de precios entre distintos niveles de usuarios —clasificados hasta ahora por categorías de ingresos— y se avanza hacia una “convergencia tarifaria”, en la que la base de cálculo de los subsidios será la misma para todos los hogares, con bonificaciones porcentuales que se irán reduciendo gradualmente a lo largo del año. Esto implica que, aunque subsistirán bonificaciones para sectores vulnerables, el peso de la factura en los bolsillos de los usuarios aumentará progresivamente a medida que se retire de forma paulatina el respaldo estatal a los precios de los servicios.
El diseño de este mecanismo de indexación responde a la intención oficial de evitar que las tarifas queden desfasadas frente al resto de los precios de la economía, un fenómeno que se ha producido de manera recurrente en períodos de alta inflación, como la que atraviesa la Argentina desde hace varios años. La medida también forma parte de los lineamientos generales de política energética y fiscal planteados por el Gobierno para reducir gradualmente los subsidios estatales al sector, conforme a las metas de equilibrio fiscal establecidas en el Presupuesto 2026.
El cambio tarifario se da en un contexto en el que los usuarios y organizaciones de consumidores vienen advirtiendo sobre el impacto de sucesivos ajustes de tarifas en el costo de vida de los hogares, especialmente de los sectores medios y de menores ingresos, que destinan una porción significativa de sus ingresos al pago de servicios públicos. La transición hacia un esquema con menor subsidio y tarifas más alineadas con los costos de mercado implica desafíos sociales y políticos, en tanto la población debe adaptarse a un nuevo patrón de precios en los servicios básicos.
Este nuevo marco tarifario y de subsidios para la energía, con actualizaciones automáticas y una menor segmentación de las ayudas, será uno de los principales efectos en los bolsillos de los argentinos durante 2026, y marcará la forma en que se definen las tarifas de luz y gas en un ciclo económico donde el Gobierno busca combinar orden fiscal, austeridad y previsibilidad en los servicios públicos.
