El BCRA reconoce que la operación con reservas de oro careció de respaldo documental y expone a autoridades a posibles consecuencias penales
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) admitió ante la Auditoría General de la Nación (AGN) y por orden judicial que las operaciones realizadas con reservas de oro enviadas al exterior durante 2024 no cuentan con contratos ni documentación formal que respalde legalmente la operatoria, una revelación que generó un fuerte debate público e implicancias judiciales por la ausencia de respaldo contractual.
El origen de esta controversia se remonta a una orden de la Cámara Contencioso Administrativa Federal tras un amparo presentado por el diputado nacional y dirigente bancario Sergio Palazzo, que exigía mayor transparencia sobre las operaciones de reservas en oro realizadas por el BCRA. En respuesta a esa orden, el banco informó oficialmente que no existen contratos de colocación de lingotes de oro con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con ninguna otra contraparte en el exterior para respaldar el traslado de estas reservas, ni en 2024 ni al cierre del año anterior.
La ausencia de acuerdos formales ni documentación legal se considera especialmente grave porque la operatoria —valuada en miles de millones de dólares— implicó el movimiento de reservas estratégicas del país sin un marco contractual establecido, lo que impide auditar la operación con claridad y deja sin mecanismos formales de control sobre el destino y condiciones de esas reservas.
Además, parte de la información disponible indica que el traslado de lingotes se habría concretado mediante operaciones discretas, incluyendo vuelos comerciales nocturnos, sin un rastro documental verificable que permita a auditores, legisladores o la Justicia rastrear con certeza la ubicación y el destino de los activos.
Este reconocimiento del Central se enmarca en un contexto de intensa polémica institucional y judicial, ya que la falta de respaldo de la documentación expone a las autoridades del BCRA a posibles investigaciones y responsabilidades penales, más allá de las consecuencias administrativas o políticas. La Cámara evaluó que la negativa inicial del Banco a informar con transparencia sobre la operatoria vulneró principios básicos de publicidad y rendición de cuentas de la administración pública, abriendo un escenario donde podría investigarse si se cometieron delitos al manejar bienes del Estado sin las garantías legales necesarias.
La aceptación por parte del BCRA de que no existen contratos o acuerdos formales se interpretó como un reconocimiento implícito de irregularidad administrativa, dado que estándares básicos de operación de reservas internacionales requieren documentación que respalde la transferencia, custodia y uso de activos estratégicos como el oro. Sin esa documentación, autoridades y gestores quedan en una posición de mayor exposición ante eventuales demandas judiciales o investigaciones penales, porque la ausencia de trazabilidad documental puede ser interpretada como un incumplimiento de deberes legales, particularmente tratándose de bienes públicos presupuestariamentes relevantes.
Fuentes judiciales y analistas jurídicos han señalado que, en función del régimen penal argentino aplicable a la administración pública, la falta de respaldo contractual y de procedimientos adecuados podría, si se demostrase que existen responsabilidades concretas, dar lugar a acusaciones por violaciones de deberes de funcionario público o administración fraudulenta, aunque ese paso todavía dependerá de la evaluación de fiscales y jueces competentes sobre la conducta de los responsables de la operación.
La controversia está además vinculada al debate sobre la transparencia en la gestión de las reservas internacionales y la necesidad de que el BCRA, como custodio de bienes del Estado argentino, gestione activos de alto valor con mecanismos que permitan auditorías posteriores rigurosas y control parlamentario y judicial efectivos.
