Coimas en ANDIS: piden revisar licitaciones preadjudicadas por $8.823 millones a la droguería de los Kovalivker

Candidatos de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, solicitaron al presidente Javier Milei que impulse una revisión exhaustiva de las licitaciones preadjudicadas por un valor de $8.823 millones a la droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker. La medida busca disipar sospechas de corrupción en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cuerpo:

• En su presentación, Reyes y Campagnoli detallan que los procesos involucrados están en etapa de preadjudicación, muchos bajo modalidad de contratación directa y otros mediante licitación pública. En varios casos, Suizo Argentina figura como único oferente.

• Los cargos se basan en audios difundidos del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se menciona el pago de coimas entre el 3 % y 8 % sobre los montos contratados a la droguería. Esa evidencia motivó que la Justicia inicie investigaciones, allanamientos y obtención de dispositivos electrónicos.

• Simultáneamente, se ordenó el allanamiento de la sede de Osprera —obra social del gremio UATRE— para obtener documentos vinculados con los pagos a Suizo Argentina, que en los primeros meses de intervención ascendieron a más de $7.700 millones.

• La presentación formal sostiene que, conforme al régimen de contrataciones públicas (Decreto Delegado 1023/2001), el pago o ofrecimiento de sobornos constituye causal para rechazar ofertas o rescindir contratos, incluso antes de sentencia firme. Por ello piden que se suspenda la adjudicación definitiva hasta esclarecer los hechos.

• También argumentan que la “dimensión moral” del caso exige intervención inmediata para recuperar la institucionalidad y preservar confianza pública, priorizando la transparencia sobre ganancias políticas o intereses particulares.

Conclusión:
El pedido de revisar estas licitaciones plantea una fuerte presión política y judicial sobre el caso ANDIS y la actuación del gobierno en contratos de salud pública. Si prospera, podría obligar a paralizar adjudicaciones vinculadas hasta esclarecer responsabilidades. El desafío será que esa revisión no quede en gestos simbólicos, sino que se concrete con auditorías independientes, sanciones claras en caso de comprobación de corrupción, y reformas que impidan futuros casos similares. De lo contrario, la sospecha de impunidad persistirá más allá del juicio político o mediático.