Al final no eliminan los registros automotores y Cúneo se queda con la caja

Después de semanas de anuncios y polémica, el plan de eliminar los registros automotores fue abandonado: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, retiene el control de la recaudación registral, consolidando una decisión que muchos veían como una reforma profunda.
1. Qué cambió respecto al plan inicial
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Hace semanas, el Ministerio de Justicia había anunciado la intención de eliminar progresivamente los registros automotores como parte de una reforma para digitalizar el sistema y centralizar trámites.
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Sin embargo, según el artículo de LPO, ese proyecto fue descartado: los registros automotores no serán eliminados por completo y la recaudación previa seguirá bajo la órbita de Cúneo Libarona.
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En lugar de una supresión total, la medida pasará por ajustes puntuales: cierres selectivos, digitalización paulatina y modificadores administrativos, pero no desmantelamiento masivo.
2. Qué significa “Cúneo se queda con la caja”
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El verbo “quedarse con la caja” sugiere que el Ministerio de Justicia mantendrá el control de la recaudación que generan los trámites automotores: transferencias, emisión de placas, formularios, tasas registrales, etc.
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En la práctica, esto implica que aunque los registros existan, su administración, sus tarifas y la distribución de los fondos seguirán centralizados bajo esa cartera ministerial.
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Para muchos críticos, ese esquema reproduce el viejo sistema de “cajas registrales” que generan ingresos importantes dentro del Estado o de entidades asociadas al sistema registral.
3. Antecedentes y conflictos ya instalados
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Durante la gestión del gobierno actual ya se habían cerrado oficinas registrales: se oficializaron el cierre de 136 registros en todo el país como parte del plan de reforma registral.
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También se había anunciado la implementación del Registro Único Automotor (RUNA), que permitiría hacer trámites de forma digital, especialmente para autos 0 km, sin necesidad de acudir al registro físico.
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El plan para reducir los registros estaba alineado con una estrategia de combate al “curro registral”, es decir, a la intermediación política que se acusa de actuar como caja paralela del poder.
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En medios nacionales también se habla de desmontar el monopolio que tiene ACARA sobre formularios, placas y trámites registrales, que desde hace décadas representa una fuente de fondos millonarios.
4. Repercusiones políticas y desafíos
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Para sectores críticos, esta marcha atrás representa una derrota simbólica: se abandona una reforma estructural esperada, y se confirma el control del registro como instrumento político y financiero.
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Puede generar conflictos internos: quienes apoyaban la eliminación total o el cierre acelerado verán que sus expectativas no se cumplen, y sectores del sistema registral resistirán mantener sus posiciones locales.
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También despierta demandas de mayor transparencia: ahora que el sistema continuará operando, muchos exigirán saber cómo se distribuyen los ingresos, qué porcentaje queda para el Ministerio, qué parte para los registros locales, y cómo se regulan los costos.
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En los próximos meses, se verá qué oficinas seguirán abiertas, cómo se moderniza el sistema digital, y si las reformas parciales lograrán mitigar los abusos del viejo régimen registral.
La decisión de no eliminar los registros automotores y mantener el control recaudatorio en manos del Ministerio de Justicia es una señal de que las reformas estructurales profundas encontraron límites políticos.
Más que un cambio de dirección, parece una adaptación táctica: conservar lo esencial del sistema —los ingresos, la administración y la caja— mientras se prometen mejoras digitales para moderar la presión.
El desafío será demostrar que esos ajustes no son cosméticos, que el sistema sea más eficiente, más transparente y menos sujeto a discrecionalidades políticas. Pero esa promesa tendrá que responder con hechos.





