AGN intimó al Banco Central por el oro enviado al exterior y evalúa acciones judiciales si no responde Milei

La Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos, exigió al Banco Central que informe sobre el destino de varias toneladas de oro que formaban parte de las reservas y que fueron trasladadas al exterior a mediados de 2024. Ante la falta de respuesta del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el organismo de control analizan iniciar medidas legales para obtener la información que consideran esencial.

• La AGN envió varias notas al Banco Central solicitando que detalle cuántas toneladas de oro se trasladaron, cuál es el beneficio económico obtenido, cuánto se pagó por el seguro y los costos de transporte.

• Se trata específicamente de dos auditorías:

  1. La actuación 46/2025, relativa al acuerdo de tipo REPO firmado con bancos internacionales, en la cual el Banco Central habría utilizado bonos (BOPREAL) como garantía.

  2. La actuación 92/2025, que apunta al traslado y depósito de lingotes de oro en el exterior, incluidos los procedimientos, facultades implicadas, costos y los beneficios reales para el Estado argentino.

• Según estimaciones informales citadas por la AGN, el volumen pudo ser de 31 a 37 toneladas de oro, lo que representaría aproximadamente el 60 % de las reservas en metales del Banco Central, con un valor rondando los USD 1.000 millones.

• El Banco Central respondió que la información requerida está bajo “reservado”, sin precisar los detalles. Asimismo, sostuvo que los organismos de control tienen acceso a la información, aunque sin dar plazos ni entregar los montos específicos ni el destino del oro.

• La AGN advirtió que, si bien el Banco Central es parte del sector público nacional y está obligado a colaborar conforme a la ley de administración financiera (Ley 24.156, artículo 119), el silencio o la negativa a informar constituyen un incumplimiento que podría derivar en acciones judiciales.

• Un factor agravante es que la AGN no está en pleno funcionamiento: seis de los siete auditores cuyas designaciones dependen del Congreso tienen vencido su mandato, lo que ha generado demoras institucionales que dificultan la actuación plena del organismo. Esto complica, por ahora, la posibilidad de tomar decisiones conjuntas para judicializar la disputa.