Milei reforma la Casa de la Moneda: redefine funciones y prioridades del Estado

El Gobierno nacional oficializó hoy una reestructuración integral de Casa de la Moneda S.A.U. por medio del Decreto 442/2025, con el objetivo de redefinir sus principales funciones, reducir costos operativos y eliminar estructuras duplicadas. La medida delega varias tareas en otros organismos estatales, permitiendo a la institución concentrarse exclusivamente en la impresión de billetes, sellos fiscales, pasaportes electrónicos, y el procesamiento de documentos de seguridad para entidades públicas y privadas.

Según el decreto, se transferirán funciones como la emisión de sellos fiscales —como los usados en cigarrillos o bebidas— hacia la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); la impresión de pasaportes a RENAPER; y la infraestructura de billetera digital a ARSAT, sociedad del Estado vinculada a tecnología satelital. La medida fue presentada como una forma de “garantizar eficiencia, reducir gastos superfluos y centralizar recursos en lo esencial”.

Razones de fondo y alcance de la medida

A través del Boletín Oficial, el Gobierno justificó la reforma como una forma de “simplificar la estructura del Estado”, evitando duplicidades y gastos innecesarios. El ajuste incluye el repliegue de personal administrativo y técnico, el cierre de sedes secundarias, y un plan de reducción del 15% de los costos operativos anuales.

Aunque la lógica oficial sostiene que Casa de la Moneda retendrá solo su función central, la reestructuración plantea desafíos institucionales y laborales: sindicatos de la organización advierten sobre riesgos de desocupación y la pérdida de competencias estratégicas.

Contexto político y económico

Esta reforma se enmarca en la estrategia de Milei de consolidar un “Estado mínimo”, ya aplicada en otras áreas durante el primer semestre (recorte de ministerios, leyes de reforma laboral y previsional, etc.). Sin embargo, abre interrogantes sobre:

• El grado de centralización de funciones esenciales del Estado.

• La capacidad de las agencias receptoras (ARCA, RENAPER, ARSAT) para absorber estas tareas sin afectar la calidad de servicios públicos.

• La preservación de empleos y el impacto sindical en el corto y mediano plazo.

Desde el oficialismo se defiende que es un paso firme hacia la eficiencia y reducción del gasto, mientras que desde la oposición se alerta por la posible erosión discrecional de derechos laborales y pérdida de soberanía operativa.