Milei impulsa eliminar los “pisos” de inversión en Educación, Ciencia y Defensa: abren fuerte debate

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso propone derogar artículos legales que establecen montos mínimos obligatorios para Educación (6 % del PBI), Ciencia y Tecnología (1 % del PBI) y Defensa. Sectores científicos, educativos, gremios y analistas advierten posibles retrocesos estructurales profundos si estos cambios avanzan.

El presidente Javier Milei presentó al Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2026 que incluye, entre sus puntos más controversiales, la eliminación de los llamados “pisos” legales de financiamiento para áreas clave: Educación, Ciencia y Tecnología, y Defensa. La propuesta ya generó alarma en distintos ámbitos, que advierten que podría implicar un ajuste duro en inversión pública de largo plazo.

¿Qué se busca cambiar?

• El proyecto propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), que obliga al Estado a destinar al menos el 6 % del Producto Interno Bruto (PBI) para el financiamiento educativo.

• También se busca eliminar artículos de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614) que establecen una progresión para llegar al 1 % del PBI destinado a Ciencia y Tecnología, además de garantías de financiamiento mínimos.

• Asimismo, se pretende derogar el artículo que obliga al Estado a mantener un financiamiento específico para la Defensa (mediante FONDEF u otros fondos asociados) con un piso establecido.

• Incluso el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (Ley 26.058) estaría implicado, lo que afectaría el financiamiento asegurado para la educación técnica.

Argumentos del gobierno

• Según lo divulgado, la eliminación de estos mínimos legales forma parte de una estrategia para tener mayor flexibilidad presupuestaria, reducir rigideces y no quedar “atado” a obligaciones que podrían dificultar el ajuste fiscal o generar incompatibilidades frente a otras prioridades.

• Milei asegura que, pese a estos cambios, áreas sensibles como educación, salud y jubilaciones recibirán aumentos reales en las partidas presupuestarias para 2026: educación aumentaría ~8 %, salud ~17 %, jubilaciones ~5 % (por encima de inflación proyectada) según el proyecto.

Críticas y alertas

• Especialistas en educación señalan que la eliminación del piso legal de 6 % del PBI para Educación puede implicar una caída sostenida del financiamiento real si la inflación, los costos operativos, salarios y la demanda educativa aumentan, como vienen ocurriendo.

• El sector científico advierte que la meta del 1 % del PBI para Ciencia y Tecnología ya estaba lejísima de cumplir, y su eliminación comprometería cualquier progresión futura. Se perdería no solo un indicador legal sino también la posibilidad de planificación a largo plazo para proyectos de investigación, infraestructura científica, becas, etc.

• En Defensa, hay preocupación por que el recorte mínimo legal podría traducirse en menores capacidades operativas, desinversión en equipamiento, logística y mantenimiento de las fuerzas armadas, lo que tendría implicancias estratégicas.

• Gremios docentes, sindicatos universitarios y asociaciones científicas ya manifestaron que este proyecto representa un “nuevo capítulo de ajuste” que podría profundizar pérdidas acumuladas en los últimos años.

Riesgos institucionales y políticos

• El cambio propuesto podría generar conflictos con las provincias, muchos de los cuales dependen del financiamiento educativo y científico para sus propias jurisdicciones. Al quitar los pisos legales, las provincias pierden previsibilidad en recepción de fondos.

• Puede afectar la credibilidad del Gobierno si lo prometido en aumentos reales no logra compensar lo que estos pisos legales hoy garantizan en ley.

• También existe riesgo legislativo: sería necesario que el Congreso apruebe estas modificaciones (derogaciones), lo que abre espacio para el debate, la oposición y posiblemente modificaciones al proyecto original.

Conclusión

La propuesta de Milei de eliminar los pisos legales para Educación, Ciencia, Tecnología y Defensa configura una apuesta clara hacia la flexibilización del presupuesto, pero al mismo tiempo pone en tensión las garantías institucionales que muchos sectores consideran fundamentales para preservar derechos sociales, capacidades científicas nacionales y seguridad estratégica.

El avance del proyecto dependerá de cómo se debata en Diputados y Senado, de cuántos legisladores estén dispuestos a respaldar una reforma que muchos ven como riesgo de corte estructural, no solo recorte transitorio. Si no hay acuerdos claros y transparencia en el diseño del presupuesto, estos cambios podrían generar retrocesos graves más allá del ahorro fiscal inmediato.