Milei habilita la venta total de cuatro hidroeléctricas del Estado y acelera la privatización del agua y la energía
El gobierno argentino da un paso clave en su estrategia de entregar activos estratégicos al sector privado, con fuertes repercusiones políticas, energéticas y sociales.
El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1569/2025, mediante la cual el Estado argentino habilitó la venta total del paquete accionario de cuatro sociedades –creadas para gestionar los complejos Alicurá Hidroeléctrica, El Chocón Hidroeléctrica, Cerros Colorados Hidroeléctrica y Piedra del Águila Hidroeléctrica – que operan en la región de la Patagonia, sobre los ríos Limay y Neuquén.
¿Qué implica esta decisión?
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Las cuatro represas concentran cerca de 20% de la generación hidráulica nacional y regulan algunos de los principales embalses del país.
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Con la nueva resolución, se establece que los adjudicatarios privados asumirán la explotación por 30 años, con posibilidad de prórroga, a cambio de un canon anual al Estado y con compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental.
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El proceso se apoya en una ruta iniciada en 2024: la creación de cuatro sociedades anónimas de forma transitoria (con participación estatal) que luego serán transferidas.
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El llamado a licitación es nacional e internacional, sin precio mínimo fijado explícitamente en los pliegos, lo que genera cuestionamientos sobre la valoración de los activos.
El componente del agua y la energía
Este movimiento se enmarca en una política más amplia del gobierno de Milei de privatizar servicios estratégicos. Ya en 2025 se había anunciado que la empresa estatal de agua para el área de Buenos Aires, Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), sería objeto de un proceso de privatización que transferiría el 90% de su participación al sector privado.
Críticas, alertas y repercusiones
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Expertos en energía advierten que la dolarización de los ingresos y la fijación de contratos a largo plazo en un contexto macroeconómico inestable puede derivar en litigios internacionales. Por ejemplo, el ex subsecretario de Energía, Federico Basualdo, señaló:
“Están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas… ¿Cómo se hace en caso de una devaluación?”.
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Los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro denunciaron que el proceso se hace sin una participación adecuada del federalismo, aunque las represas están en sus territorios y regulan caudales críticos.
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Desde la oposición y sindicatos se interpreta esta agenda como un retorno al modelo de los años 90 de privatizaciones masivas, y advierten por la pérdida de control público sobre recursos estratégicos.
¿Cuál es la lógica del gobierno?
El Ejecutivo arguye que con esta estrategia se busca:
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Mejorar la eficiencia operativa de instalaciones heredadas con décadas de explotación y posibles deficiencias en mantenimiento.
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Reducir la carga fiscal que implican empresas públicas que requieren inversión estatal para operar.
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Atraer capital privado y extranjero para modernizar infraestructura energética clave.
Riesgos y desafíos por delante
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La enajenación de activos estratégicos plantea efectos sobre la soberanía energética e hídrica, al delegar en operadores privados nacionales o internacionales la explotación de represas que no solo generan electricidad, sino también gestionan agua para riego, consumo y turismo.
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La transición regulatoria, los contratos a largo plazo y la estabilidad macroeconómica van a ser factores críticos para que la operación sea viable.
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La falta de transparencia en los pliegos, la ausencia de precio mínimo y la velocidad del proceso generan dudas sobre diseño institucional, riesgos para el Estado y la protección de los derechos de las comunidades locales y de los trabajadores del sector público.
La decisión del gobierno de Milei de habilitar la venta total de cuatro grandes infraestructuras hidroeléctricas marca un hito en su programa de gobierno: la entrega al sector privado de recursos estratégicos que por décadas fueron públicos. Más allá de su lógica funcional, el anuncio tiene implicancias políticas, territoriales y sociales profundas. El desafío ahora será ver cómo se implementa el proceso, su impacto en el abastecimiento de energía y agua, y las consecuencias para la autonomía regional y nacional ante un modelo de privatización acelerado.
