Milei elimina las jornadas “Educar en Igualdad” y transfiere su aplicación a las provincias
Por decreto, el presidente Javier Milei derogó la obligación de realizar anualmente en todo el país las jornadas “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, previstas por la Ley 27.234 desde 2015. La iniciativa permitió que esa responsabilidad recaiga en las provincias, eliminando la coordinación centralizada por parte del Estado nacional.
Esta norma obligaba a las escuelas de los niveles primario, secundario y terciario a impartir formación y capacitación sobre género y violencia institucional. Ahora, la decisión descarta la intervención del Estado nacional, en una clara muestra de la política que desmantela un programa orientado a la igualdad de género, al considerar su ejecución “innecesaria” y en contradicción con la autonomía jurisdiccional educativa.
Contexto y fundamentos del decreto
El gobierno argumenta que la medida forma parte de una serie de reformas administrativas destinadas a reducir el tamaño del Estado y promover una gestión eficiente, alineada con el decreto Base. Según el comunicado oficial, transferir esa responsabilidad ahorrará recursos y permitirá que cada provincia decida libremente si implementa o no las jornadas.
Críticas y reacciones al cambio
La decisión generó repudio de organizaciones de género, docentes y legisladores que calificaron la medida de “un paso atrás en la construcción de políticas públicas de igualdad” y advirtieron sobre el riesgo de que zonas más conservadoras omitan completamente el programa. Resaltan que el decreto no establece un plan de transición ni acompañamiento técnico para quienes deban asumir la convocatoria en un ámbito provincial.
Implicancias educativas y sociales
Los adversarios del decreto destacan que las jornadas formaron parte de un marco educativo amplio en escuelas públicas y privadas. Su eliminación podría dejar lagunas significativas en la formación de jóvenes sobre violencia de género, estereotipos y herramientas para prevenir situaciones de abuso.
Al dejar la decisión en manos de cada provincia, también se abre el riesgo de generar desigualdades en la política educativa nacional: algunas jurisdicciones podrían reforzarlas, mientras que otras podrían eliminar el programa sin alternativa equivalente.
¿Qué sigue ahora?
El decreto entró en vigencia de inmediato. Las provincias deberán revisar si incorporan estas jornadas en su planificación escolar. Especialistas y organizaciones civiles recomendaban, al momento de su derogación, mantener instancias de capacitación y acompañamiento, pero la normativa no exige ninguna acción de ese tipo.
