Los Menem bajo la mira de la Justicia por supuestas irregularidades en Osprera y contratos gremiales

La justicia federal argentina avanza con una investigación que apunta a la familia Menem por presuntos negocios irregulares relacionados con la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera). Se ordenaron allanamientos y solicitudes de documentos en empresas vinculadas con los Menem tras denuncias de contratos sospechosos.

• El fiscal Guillermo Marijuán solicitó allanamientos en la sede de Osprera, en la Superintendencia de Servicios de Salud y en la empresa HTECH Innovation SA —esta última vinculada al presidente de la Cámara de Diputados— para recolectar facturas, órdenes de pago, correspondencia electrónica y otros documentos que puedan vincular las operaciones de Osprera con la familia Menem.

• Osprera está intervenida por el gobierno desde 2024. En los primeros meses de gestión bajo intervención, la obra social habría emitido órdenes de pago por más de 7.700 millones de pesos hacia la droguería Suizo-Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, lo que genera sospechas de trato preferencial.

• HTECH Innovation SA, creada en abril de 2024, está implicada por haber sido contratada para auditorías vinculadas con Osprera, pese a que sus dueños tienen vínculos con Martín Menem y otros de su entorno. Se investiga si estos contratos formaban parte de una red de negocios con favoritismo político.

• Hay registros de comunicaciones (mensajes de WhatsApp) entre Marcelo Carlos Petroni, interventor de Osprera, Pablo Ansaloni (diputado nacional de La Libertad Avanza) y figuras de la familia Menem, en las que se mencionan reuniones, designaciones de cargos y coordinación política que podrían configurar influencias indebidas.

• La denuncia original fue presentada por José Antonio Voytenco (secretario general de UATRE), quien acusa que el gobierno impulsó la intervención de Osprera con fines partidarios, para controlar el gremio y su obra social, y realizar contrataciones con empresas alineadas políticamente.

Conclusión:
El avance judicial sobre los Menem pone en foco la relación entre política, gremios y contrataciones estatales, y plantea interrogantes muy serios sobre transparencia, uso del poder, y responsabilidad institucional. Si se comprueban las irregularidades, la investigación podría abrir camino a sanciones, tanto judiciales como políticas. Por ahora, queda por verse si la justicia encuentra pruebas contundentes que demuestren los vínculos señalados y si la opinión pública exigirá que se juzguen también las responsabilidades de quienes autorizaron, revisaron y supervisaron estos contratos.