La Justicia suspende el decreto de Milei que eliminaba el asueto por el Día del Empleado Público
Este jueves, la Justicia federal dictó una medida cautelar que suspende temporalmente el artículo central del Decreto 430/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que eliminaba el día no laborable del “Día del Trabajador del Estado” (27 de junio) en la Administración Pública Nacional.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo, y la jueza del Tribunal Oral Federal (TOF) determinó que, hasta que exista una resolución definitiva, no se puede aplicar la supresión del asueto, por considerar que la norma vulnera derechos adquiridos por ley.
Contexto y fundamentos
El decreto presidencial justificó la eliminación del feriado con el argumento de fomentar la “cultura del trabajo” y reducir la cantidad de días no trabajables en el sector público, comparando a los estatales con trabajadores privados.
Sin embargo, al tratarse de un día previsto por la Ley 26.876 —que lo establecía formalmente como no laborable—, su eliminación vía decreto fue impugnada judicialmente por ATE, que alegó que su derogación sólo puede hacerse por Ley del Congreso, no por decreto ejecutivo.
Repercusiones y reacciones
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ATE y otros sindicatos celebraron la medida judicial, definiéndola como una victoria que preserva conquistas laborales acumuladas: “Nadie nos va a quitar nuestro día”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
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El Gobierno manifestó que el decreto era excepcional y “no afecta el cómputo administrativo de plazos legales”, y que mantiene alineado su objetivo de descentralizar y racionalizar el Estado.
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El Ejecutivo anunció que apelará la medida cautelar, sosteniendo que el decreto busca eliminar privilegios, no recortar derechos, y advirtió que analizará su aplicación definitiva por la vía judicial o legislativa.
Implicancias institucionales
Este conflicto expone un choque de poder entre el Ejecutivo y sectores sindicales, con la Justicia como árbitro. Más allá del feriado puntual, la controversia genera debate sobre el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la posibilidad real de revertir derechos adquiridos por ley a través de atajos administrativos.
En los próximos días, se espera que tanto la Cámara de Apelaciones como la Comisión Bicameral de DNU definan el futuro de esta medida y que la decisión judicial marque un precedente sobre la validez de acciones análogas promovidas por el Gobierno.
