La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma condenas en mega-fraude: enviaban certificados truchos para cancelar deudas fiscales
La Corte Suprema rechazó el último recurso de tres condenados que integraban una red que vendía certificados falsos para cancelar obligaciones tributarias de empresas, lo que consolida una sentencia firme por asociación ilícita fiscal y habilita el decomiso de bienes incluso en el exterior.
En una resolución publicada el 24 de octubre de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena contra los contadores Salvador Luis Morelli (alias “Lucho”) y Sergio Oscar De Araquistain, así como el abogado Roberto Mario Izaguirre (alias “Roy”).
La causa tiene su origen en un fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná de junio de 2023, que había condenado a los tres por el delito de asociación ilícita fiscal, previsto en la ley 24.769 para organizaciones que sistemáticamente cometen ilícitos tributarios.
Durante el juicio se estableció que la banda operó entre 2010 y 2015, montando un esquema por el cual fabricaban certificados de créditos fiscales ficticios —supuestas retenciones soportadas por otras empresas— que luego eran utilizados por constructoras con deudas de IVA para cancelar sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La sentencia original impuso penas de 5 años y 3 meses para Morelli e Izaguirre, y 6 años y 3 meses para De Araquistain como cabecilla del esquema. Aunque la Cámara de Casación ratificó la culpabilidad, redujo levemente las penas.
Al quedar firme el fallo, se habilita la etapa de decomiso de bienes, incluidos inmuebles, cuentas bancarias y propiedades en los Estados Unidos, que habían sido inhibidos previamente durante la investigación. Se menciona, por ejemplo, un viñedo entre los activos involucrados.
Además, De Araquistain dejó su prisión domiciliaria y fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú, al no tener acceso al beneficio mientras avanzan los trámites de ejecución del fallo.
Con esta decisión, la Corte Suprema envía un fuerte mensaje sobre la persecución a las maniobras de fraude fiscal de gran escala. La confirmación de la condena y la apertura del proceso de decomiso representa no solo la sanción de los autores sino también la restitución parcial de los recursos públicos defraudados.
El caso deja varias reflexiones: la sofisticación de los fraudes fiscales, la dimensión internacional de los activos comprometidos, y la importancia de una justicia efectiva que logre no solo condenas sino también recuperación de bienes. El sistema tributario y el Estado de Derecho salen fortalecidos con esta resolución.
