La acefalía de los órganos de control como política de Estado

Organismos clave para la fiscalización pública en Argentina, como la Auditoría General, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Niños, niñas y adolescentes, están con cargos vacantes o demoras en las designaciones. La falta de completos órganos de control pone en jaque la supervisión del Estado y amplía la percepción de impunidad institucional.

1. Vacancias que afectan la supervisión clave

• El Congreso aún no ha designado los seis auditores necesarios para que la Auditoría General de la Nación (AGN) opere con plena capacidad. Esa falta impide regularizar la supervisión de la ejecución presupuestaria.

• Además, permanecen sin titulares instituciones esenciales como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Público y organismos de protección infantil. Esas entidades, según señala el artículo, están “acéfalas” o funcionando con autoridades interinas.

2. Tensiones políticas y desencuentros institucionales

• En Diputados se impulsan cambios: el presidente de la Cámara, Martín Menem, propone modificar la duración de los mandatos de los auditores, hoy fijados en ocho años, y cuestiona las remuneraciones que estos perciben.

• En el Senado también hay proyectos similares presentados por senadores como Juan Carlos Romero y José Mayans, para limitar mandatos y exigir informes más frecuentes y transparentes de esos organismos.

• Por otro lado, la AGN ha reclamado al Congreso que cite autoridades relevantes, por ejemplo al presidente del Banco Central, para que expliquen adónde fueron remitidas reservas de oro, entre otros temas sensibles.

3. Impactos y riesgos institucionales

• La falta de auditores completos frena la fiscalización de gasto público, lo que puede resultar en menor transparencia y rendición de cuentas.

• Órganos cuya función es defender derechos (infancia, audiencia, pueblo) quedan desprovistos de autoridad efectiva, lo que incrementa la vulnerabilidad de sectores dependientes de esas instituciones.

• Además, hay un riesgo simbólico fuerte: que la ausencia prolongada de titulares refuerce la percepción de que el control del Estado no es una prioridad real, sino un trámite que se posterga.

4. Señales de normalización, pero con demoras persistentes

• Un avance reciente fue la aprobación en Diputados de María Paz Bertero como Defensora de las Infancias, junto con defensores adjuntos (Eduardo Matías Robledo y Héctor Iván Vito).

• Sin embargo, para que estos nombramientos surtan efecto pleno, el Senado debe aprobar las ternas, y eso no garantiza que otras vacantes se cubran con la misma rapidez.

• Casos antiguos permanecen sin resolución: la Defensoría del Pueblo lleva años sin autoridades definitivas, y los procesos que deberían ser rutinarios se estancan.

La acefalía en los órganos de control ya no puede leerse como descuido burocrático: empieza a emerger como una estrategia —consciente o no— de debilitamiento institucional. Cuando quienes deben vigilar al poder están vacantes, se reduce el espacio para que ese poder rinda cuentas.

Que se nombren titulares no es suficiente: debe existir voluntad política para fortalecer esos organismos, asegurar su independencia, garantizar recursos adecuados, transparencia y un mandato claro de acompañamiento ciudadano.

En un Estado democrático, los órganos de control son piezas fundamentales del equilibrio; sin ellos, la rendición de cuentas se vuelve letra vacía, y la impunidad institucional se hace patente.