El Senado rechaza el veto presidencial a la ley de discapacidad: un giro histórico en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo
En una sesión que quedará marcada como un punto de inflexión en la política argentina, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025. Con esta decisión, el Poder Legislativo no solo ratificó una norma clave para la inclusión y protección de las personas con discapacidad, sino que también envió una señal contundente al Ejecutivo sobre los límites de su poder de veto.
Un rechazo sin precedentes
La votación en el Senado resultó en 63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, lo que representa una mayoría sólida que superó ampliamente los dos tercios requeridos para rechazar un veto presidencial. Este resultado es histórico, ya que es la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial en una ley de tal trascendencia.
La ley en cuestión establece la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, regulariza las deudas del sistema de salud con los prestadores y garantiza el acceso a un programa de atención médica para las personas con discapacidad.
La oposición se une en defensa de los derechos
El rechazo al veto fue impulsado por casi todo el arco opositor, que se unió en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en rechazo a lo que consideraron un intento del Ejecutivo de recortar recursos destinados a este sector vulnerable. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, había anticipado que la oposición buscaría sostener la ley y, además, interpelar a la ministra Karina Milei por el escándalo de los audios filtrados que involucraron a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La sesión también estuvo marcada por la tensión política, ya que el oficialismo resistió prácticamente en soledad y no pudo contener ni a su propia tropa. Seis senadores de La Libertad Avanza se ausentaron o votaron en contra del veto, lo que evidenció la fragilidad parlamentaria del presidente Javier Milei.
El impacto político y social
Este rechazo al veto presidencial tiene múltiples implicancias. En primer lugar, refuerza el rol del Congreso como contrapeso al Ejecutivo y reafirma la importancia de la representación parlamentaria en la toma de decisiones clave para la sociedad. En segundo lugar, envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los derechos de las personas con discapacidad y garantizar los recursos necesarios para su inclusión y atención.
Además, la decisión del Senado se produce a solo tres días de las elecciones bonaerenses, lo que le otorga una dimensión política adicional. La oposición busca capitalizar este triunfo legislativo como una muestra de su capacidad para defender los intereses de la ciudadanía frente a un Ejecutivo que, según argumentan, prioriza el ajuste fiscal por encima de los derechos humanos.
Próximos pasos: la reforma de los DNU
Tras el rechazo al veto, el Senado también avanzó en el tratamiento de un proyecto que busca acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Si la iniciativa obtiene la media sanción en la Cámara alta, deberá ser debatida y aprobada por Diputados para convertirse en ley. Esta reforma apunta a limitar el uso de los DNU por parte del Ejecutivo y fortalecer el papel del Congreso en la elaboración de normas.
Conclusión
La sesión del 4 de septiembre de 2025 en el Senado representa un hito en la historia política reciente de Argentina. El rechazo al veto presidencial a la ley de discapacidad no solo reafirma el compromiso del Congreso con los derechos de las personas con discapacidad, sino que también demuestra que el Poder Legislativo está dispuesto a ejercer su rol de control y equilibrio frente al Ejecutivo. Este acontecimiento marca un antes y un después en la dinámica política del país y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Congreso y el Gobierno.
