El Gobierno Nacional anunció descomunales aumentos en el costo del gas y la luz: Cuanto deberá pagar Santa Cruz
En un contexto de creciente descontento social, el Gobierno Nacional ha anunciado recientemente una serie de aumentos en las tarifas de servicios públicos que afectarán a todo el país. Estos ajustes, que han sido implementados sin consideración por las realidades económicas locales, están generando un impacto económico devastador en diversas provincias, como es el caso de Santa Cruz, que se ha convertido en un claro ejemplo de la magnitud de estos aumentos.
La provincia de Santa Cruz ha sido duramente golpeada por las políticas tarifarias del Gobierno Nacional. En el último año, el costo mensual del gas en la provincia se ha disparado de 300 millones a 8.000 millones de pesos, lo que representa un alarmante incremento del 2.566%. Esta subida sin precedentes afecta tanto al gas natural domiciliario como al GLP y GNL, dejando a los ciudadanos de Santa Cruz enfrentando facturas exorbitantes que ponen en completo riesgo su estabilidad financiera.
Además del gas, el costo de la electricidad también ha sufrido un incremento significativo. Entre julio de 2023 y julio de 2024, el costo de la energía eléctrica se ha elevado de 968 millones a 4.251 millones de pesos, un aumento del 340% que añade más presión a los hogares y negocios de la región.
Frente a esta situación, el gobierno provincial de Santa Cruz buscó proteger a sus ciudadanos mediante la presentación de amparos judiciales. Sin embargo, aunque en un principio la Justicia Federal otorgó medidas cautelares iniciales para mitigar el impacto de estos aumentos, las apelaciones del Gobierno Nacional resultaron en la revocación de dichas medidas por parte de la Cámara Federal, dejando a Santa Cruz sin las protecciones necesarias, prolongando una disputa que ahora se encuentra en la Corte Suprema de la Nación.
La responsabilidad de la crisis económica que enfrentan las provincias recae de manera inequívoca en el Gobierno Nacional, cuyos ajustes tarifarios desmedidos han sobrecargado a las provincias sin brindarles el apoyo necesario. Los gobiernos provinciales, en este caso, han sido colocados en una situación en la que el único camino es buscar nuevas estrategias para proteger los intereses económicos de sus ciudadanos, intentando manejar las consecuencias de decisiones que están fuera de su control y responsabilidad, frente a estos exorbitantes aumentos en los costos de los servicios públicos.
