El Gobierno lanza la liberalización del mercado eléctrico: adiós al modelo kirchnerista, según la Casa Rosada
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una reforma estructural del sector eléctrico argentino que, bajo la premisa de “competencia, eficiencia y sustentabilidad”, da por superado el modelo centralizado heredado de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Los cambios incluyen un nuevo régimen de contratación libre entre generadoras y usuarios, y una reducción del rol de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como actor central del abastecimiento.
La Secretaría de Energía anunció la puesta en marcha de un nuevo marco regulatorio para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que contempla la eliminación progresiva de subsidios masivos, la libre contratación entre generadores, distribuidores y grandes usuarios, y la introducción de precios orientados al mercado.
Entre los puntos clave de la norma:
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Las grandes empresas distribuidoras o usuarios podrán contratar directamente con generadoras térmicas, hidráulicas o nucleares, sin pasar obligatoriamente por CAMMESA.
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CAMMESA pierde funciones de compra centralizada de combustible y abastecimiento – las generadoras podrán gestionar directamente su combustible.
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Se crea una categoría “generación al spot” que operará con precios de mercado, y otra “generación asignada” para centrales con contratos vigentes o con menor flexibilidad regulatoria.
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El decreto o resolución oficial habla de “normalización del MEM”, “restaurar la competencia” y “hacer sostenible el sistema eléctrico”.
El sector energético reaccionó con cautela. Por ejemplo, la calificadora Fitch Ratings consideró que la desregulación podría beneficiar a las generadoras más eficientes, pero advirtió que el impacto en tarifas residenciales y la transición presentaban riesgos.
Por su parte, el bloque del Partido Justicialista alertó que la reforma podría “poner en riesgo el sistema” al abandonar al Estado de su rol de planificación y financiamiento, lo que podría derivar en una mayor carga para usuarios residenciales.
El trasfondo político es importante: el Gobierno argumenta que con esta reforma abandona el “modelo kirchnerista” de alta intervención, subsidios masivos y control estatal del mercado energético, para avanzar hacia un enfoque liberal de mercado y eficiencia. Por eso la elección de señales rápidas en el sector.
No obstante, algunos analistas señalan que la ejecución plantea desafíos:
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¿Cómo asegurarán los generadores e inversores la rentabilidad en un entorno de alta inflación y devaluación?
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¿Qué impacto tendrán los aumentos tarifarios que probablemente se deriven del nuevo esquema?
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¿Podrá el sistema técnico-operativo (transporte, distribución, generación) adaptarse sin cortes ni crisis?
Con esta reforma, el Gobierno apunta a redefinir el mapa energético argentino: menos control estatal, más mercado, y una ruptura con los fundamentos del modelo de las últimas dos décadas. Sin embargo, la prueba de fuego llegará cuando los usuarios residenciales y las pymes vean la factura de electricidad o cuando una ola de inversiones en generación o transmisión confirme que el nuevo esquema funciona. En un contexto de fragilidad económica, la transición será vigilada de cerca: avances rápidos podrían impulsar el crecimiento, mientras tropiezos podrían traer consecuencias sociales y políticas.
