El Estado actualiza aranceles entre un 29 % y 35 % para servicios de discapacidad: nueva etapa para atención y prestadores

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que el Gobierno nacional aprobó una mejora en los valores del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, con incrementos que oscilan entre el 29 % y el 35 %, para garantizar la continuidad de los servicios especializados.
Detalles del ajuste
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La actualización del nomenclador se aplicará en tres tramos consecutivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.
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Según la resolución publicada, los aumentos varían de acuerdo al tipo de prestación:
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Internación y hogares con pensión completa: cerca del 35,4 % de aumento.
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Transporte especializado, apoyo educativo y laboral: alrededor del 31 %.
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Atención terapéutica ambulatoria y rehabilitación: aproximadamente 29,7 %.
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La medida incluye una asignación presupuestaria adicional que habilita los pagos a los prestadores para evitar interrupciones en la atención.
¿Qué implicancias tiene para el sector?
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Para los prestadores (centros de rehabilitación, terapias, transporte adaptado, internación, etc.), representa un alivio ante la inflación y los crecientes costos operativos.
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A nivel de usuarios, la actualización busca asegurar que los servicios especializados para personas con discapacidad no queden desfinanciados y puedan mantener continuidad y calidad.
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Desde el Gobierno se posiciona la medida como un paso hacia la «normalización y previsibilidad» del sistema de prestaciones, tras críticas de retrasos y deterioro del servicio.
Críticas y desafíos pendientes
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Organizaciones de personas con discapacidad y prestadores advierten que, pese al incremento, el monto aún es insuficiente para compensar los costos reales y la inflación acumulada.
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La implementación efectiva dependerá de que las obras sociales, prepagas y organismos públicos acepten los nuevos valores y los incorporen sin demoras.
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El sector especializado plantea que el sistema necesita no solo aumentos, sino mayor estabilidad presupuestaria, monitoreo y control para evitar atrasos, recortes o cierre de servicios.
La actualización del nomenclador entre 29 % y 35 % marca un avance relevante para el sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de su ejecución concreta, de que los servicios no se vean interrumpidos y de que los montos contemplen las realidades de coste del sector. Aún queda camino por recorrer para que la promesa se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de vida de los beneficiarios.





