Argentina sanciona la Ley de Inocencia Fiscal: redefinición de delitos tributarios y posible extinción de miles de causas penales

El Congreso de la Nación Argentina aprobó la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma integral al régimen penal tributario que reconfigura de manera significativa cuándo una evasión fiscal puede ser considerada delito penal y cuándo debe ser tratada en el ámbito administrativo, lo que tendrá un impacto directo sobre miles de causas penales en trámite o potenciales investigaciones impositivas.

La norma, impulsada en el contexto de una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (como los casos “Palero”, “Vidal” y “Caravetta”) y sancionada a fines de diciembre de 2025, fue diseñada con el objetivo declarado de concentrar los recursos judiciales en grandes evasores y dejar atrás la criminalización de conductas de baja entidad, muchas de las cuales quedaron desfasadas por la inflación y los umbrales económicos anteriores.

Cambios clave en el régimen penal tributario

1. Elevación drástica de umbrales para que exista delito tributario

El cambio más relevante de la nueva Ley de Inocencia Fiscal consiste en elevar de forma sustancial los valores mínimos de deuda tributaria que habilitan la persecución penal. Los valores que antes activaban una causa penal se consideran hoy muy bajos en términos reales, por lo que su actualización implica que muchos hechos que antes eran delictivos dejarán de serlo en sede penal:

• Evasión fiscal simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.

• Evasión agravada: pasa de $15 millones a $1.000 millones.

• En casos de uso de testaferros o beneficios fiscales indebidos, el umbral sube de $2 millones a $200 millones.

• Para la evasión relacionada con facturas apócrifas, también se eleva de $1,5 millones a $100 millones.

• Apropiación indebida de tributos: de $100.000 a $10 millones.

• Delitos vinculados a la seguridad social: los pisos se incrementan de cientos de miles a varios millones de pesos según cada supuesto.

Estos ajustes significan que conductas que antes podían desencadenar una causa penal ahora solo podrán ser sancionadas por la vía administrativa (por ejemplo, mediante multas o ajustes de deuda), y no llegarán a juicio penal abierto, a menos que se trate de casos de auténtica evasión de gran cuantía.

Más opciones para regularizar y menor litigiosidad

2. Extinción de la acción penal mediante regularización de deudas

La nueva ley incorpora mecanismos que permiten evitar o cerrar causas penales si el contribuyente regulariza su situación fiscal:

• Antes de la denuncia: si el organismo recaudador detecta una deuda y el contribuyente paga el total (capital e intereses), no se formalizará una denuncia penal.

• Durante el proceso judicial: si la causa ya fue iniciada, el imputado tiene un plazo (generalmente de 30 días hábiles desde la citación a indagatoria) para saldar la deuda más un recargo adicional (por ejemplo, un 50 %). Si cumple, la acción penal se extingue y se cierra el proceso.

Este esquema no constituye una amnistía general, sino un mecanismo limitado de salida para evitar que procesos penales se prolonguen innecesariamente cuando el conflicto es esencialmente fiscal y no de gran daño al erario.

Prescripción y filtro de denuncias más estrictos

3. Reducción de plazos y menor judicialización automática

La ley también modifica los plazos y requisitos que rigen la persecución penal en materia tributaria:

• Prescripción: se reduce el plazo que tiene el Estado para iniciar y sancionar penalmente a un contribuyente desde cinco a tres años, siempre que haya presentado correctamente sus declaraciones juradas.

• Filtro de denuncias automáticas: se exige que la recaudadora no presente denuncia penal cuando las diferencias fiscales resulten de errores técnicos o discrepancias razonables, reforzando la presunción de buena fe del contribuyente.

Estos cambios limitarán la entrada de casos al sistema penal y disminuirán el número de causas que lleguen a juicio, concentrando la persecución judicial en hechos con verdadera intención fraudulenta y mayor perjuicio al fisco.

Impacto y enfoque de la reforma

La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma en la política penal tributaria argentina, donde el derecho penal deja de ser la herramienta primaria contra incumplimientos fiscales de baja cuantía y pasa a reservarse para casos de evasión significativa o conducta fraudulenta clara. El enfoque global apunta a:

• Evitar la sobrecarga de causas penales por diferencias menores afectadas por inflación.

• Dar prioridad a la recaudación administrativa eficiente y a la regularización voluntaria de deudas.

• Proteger la presunción de inocencia del contribuyente, evitando persecuciones penales automáticas por errores formales o montos modestos.

El desafío en los próximos meses será ver cómo estas normas se implementan en la práctica administrativa y judicial, si logran el equilibrio previsto entre eficiencia fiscal y respeto de garantías procesales, y en qué medida impactan en el funcionamiento de la Justicia Federal Argentina, donde existe un alto número de causas tributarias en trámite que pueden dejar de tener relevancia penal a partir de la entrada en vigor de la ley.