“Ancla fiscal”: para cumplir la meta, Caputo debe pasar la motosierra por subsidios, salarios e inversión pública
El ministro de Economía argentino se enfrenta a un aviso clave del Fondo Monetario Internacional (FMI): alcanzar un superávit primario de 1,6 % del PIB obliga a un ajuste profundo del gasto público.
En el gobierno de Javier Milei, el ministro Luis Caputo tiene delante un desafío mayúsculo: lograr la meta de superávit fiscal primario del 1,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) acordada con el FMI. Y para alcanzarlo, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) citado por Ámbito, será necesario “pasar la motosierra” por partidas clave del gasto público: subsidios, salarios (en el segmento no indexado) e inversión pública.
¿Por qué es tan complicado?
El problema central que enfrenta Caputo radica en que buena parte del gasto público argentino se encuentra indexado —pensionados, planes sociales, jubilaciones— y está creciendo en términos reales. Mientras tanto, la recaudación tributaria muestra una tendencia débil: en los primeros nueve meses del año, el gasto primario indexado creció 18,4 % real interanual, mientras que el gasto no indexado bajó 10,3 % real, lo que dio como resultado un incremento total del gasto primario del 2,1 %.
Para cumplir con la meta, el IARAF estima que el componente de gasto que no se indexa (como salarios del sector público no automáticos, subsidios de energía y transporte, inversión real directa, transferencias discrecionales a provincias, etc.) deberá bajar un 16 % real interanual sólo en el último trimestre del año.
¿Qué áreas del gasto están en la mira?
Según el artículo, las partidas identificadas como más susceptibles de recorte incluyen:
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Subsidios a la energía y al transporte.
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Salarios del sector público que no están automatizados o indexados.
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Inversión pública directa (obras, infraestructura, gasto de capital).
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Transferencias discrecionales a provincias y municipios que no dependen de componentes indexados.
Las implicancias políticas y sociales
Un ajuste de esta magnitud no es sólo un reto técnico; tiene impactos muy relevantes en lo político y social. Reducir subsidios afectará a amplios sectores de la población y podría generar malestar social. Modificar salarios públicos no indexados o retrasar su actualización genera tensiones con sindicatos y empleados estatales. La caída o postergación de inversión pública implica menos obras, menor actividad económica y efecto sobre empleo en sectores ligados a la construcción o infraestructura.
El cronograma y el riesgo de incumplimiento
El gobierno ya logró un superávit primario de alrededor del 1,3 % del PIB en los primeros nueve meses del año. Eso significa que para alcanzar el 1,6 % meta, debe cerrar el último trimestre con un margen adicional de cerca del 0,3 % del PIB. Pero con la recaudación debilitada y el gasto indexado alto, el margen es estrecho.
Si el ajuste no se implementa con la profundidad estimada, el riesgo es que el gobierno no cumpla con sus compromisos ante el FMI, lo que podría generar tensiones cambiarias, pérdida de confianza del mercado, aumento del riesgo país y mayor presión inflacionaria.
El ministro Luis Caputo está en una encrucijada. Alcanzar la meta del 1,6 % de superávit primario compromete decisiones duras: recortar subsidios, revisar salarios estatales y detener inversiones. El éxito depende de la ejecución rápida y decidida de esas medidas, pero la oposición política, los sindicatos y los sectores sociales pueden generar resistencia. Más aún en un contexto donde el crecimiento ya es modesto, la recaudación está floja y la inflación elevada.
